La discriminación a las personas por razón de su género o cualquier otra situación, está prohibida en la Constitución y en normas de fuente internacional, porque atenta contra su dignidad; lo que obliga en particular a las juzgadoras y juzgadores a realizar la protección de los derechos de las personas pero con mayor rigor en el derecho de la igualdad, de ahí, su deber alcanzar la justicia de género sin prejuicios o estereotipos, bajo la premisa de que toda acción humana impacta a hombres y mujeres de manera particular por la forma de cómo se construyen los géneros.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, se ocupa en el cumplimiento de ese mandato constitucional y el 27 de agosto de 2015, mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado, se aprobó la creación de la UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, como ente administrativo, cuyo objetivo primordial es generar trabajo para que existan buenas prácticas en la administración de justicia que respeten el principio de igualdad y no discriminación, sólo por citar algunas; se realizará el diagnóstico de género en la impartición de justicia para evaluar las condiciones de igualdad y detectar áreas de oportunidad en el ámbito organizacional y cultural; el análisis de sentencias que sirvan para elaborar la guía de criterios nacionales e internacionales de justicia con perspectiva de género; formación por medio de talleres, cursos, diplomados y seminarios en género de manera presencial y virtual; otorgar reconocimientos a servidoras y servidores que ha demostrado aptitud en materia de género y derechos humanos; principalmente divulgar a través de la revista "Genero y Justicia" información de cómo se está trabajado al interior, exponiendo algunas situaciones sobre perspectiva, equidad e igualdad de género, derechos humanos vulnerados; ensayos sobre algún marco jurídico o casos concretos resueltos con perfil académico, notas periodísticas o científicas sobre el tema; entre otros temas; con el objetivo de aportar una visión transformadora sobre el respeto a la dignidad humana o cualquiera de sus derechos y como consecuencia crear conciencia de que se necesitan operadores jurídicos que realicen labor interpretativa y desenmascaren las concepciones estereotipadas usadas por el legislador; para lograr una justicia igualitaria.
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