¿Sabes la importancia de contar con una Unidad especializada en materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos?

El tema de los Derechos Humanos se relaciona con el nacimiento de una concepción individualista de la sociedad, propia de la modernidad. En ella los individuos son reconocidos como sujetos de un conjunto de derechos, centrados sobre todo en la libertad individual la cual da lugar a la noción de la igualdad y el rol del Estado como garante de derechos.

Sin duda uno de los desafíos primordiales es, la construcción de sociedades fuertemente sostenidas bajo los principios de derechos humanos que garantizan el pleno bienestar de la población, la gobernabilidad democrática y un desarrollo sustentable, para ello se requiere de un cambio en las políticas públicas y programas de desarrollo.

En la celebración de la VII Cumbre Iberoamericana, en el mes de noviembre de 2012, que tuvo lugar en Cancún-México, los órganos de justicia del país adquirieron el compromiso para crear dependencias especializadas en materia de igualdad de género y grupos vulnerables, reconociéndose la importancia de adoptar políticas de igualdad en esta materia, lo que dio origen a la Declaración de Cancún.

Pero tiempo atrás, existía una diversidad de difusión mediante programas y políticas públicas en pro de los Derechos Humanos, dando prioridad a la igualdad de género, vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas, niños e indígenas; a través de un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, consagrados en el art. 1.° de nuestra Carta Magna, en las sentencias de la Corte-IDH, y en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado del caso Rosendo Radilla Pacheco.

Sobre el mismo prisma, la CONATRIB estableció como uno de los objetivos del plan de trabajo 2014-2015, que incluye los proyectos especiales “Implementación y Seguimiento del Programa de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en los Tribunales Superiores de Justicia” y “Armonización Legislativa en materia de protección de los Derechos Humanos de las Mujeres en el Sistema de Justicia”; por lo que se propone, la creación de una Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, en todas las entidades Federativas; la finalidad del proyecto es la homologación de la protección de los derechos humanos de las mujeres, con base a los estándares internacionales.

El proyecto resulta de gran importancia debido que los Tribunales conforme al ámbito de sus competencias y capacidad presupuestal, deberán promover e introducir la igualdad de género en este órgano de justicia, en sus ámbitos administrativo y jurisdiccional – juzgar con perspectiva de género –, mediante acciones y estrategias, buscando aplicar los estándares más altos de protección de los derechos de las personas, a través del ordenamiento constitucional y los Tratados Internacionales. Creando programas, proyectos y protocolos para que la administración e impartición de justicia sean accesibles, brinden certeza y seguridad jurídicas a los grupos de mujeres y hombres, para el logro de la igualdad de oportunidades de trato y de resultados.

La Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es el área administrativa, que tiene como finalidad la implementación de seguimiento al programa para la institucionalización y consolidación de la perspectiva de género en las políticas de este Tribunal.

Consecuentemente, ante el comunicado emitido por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de la Cámara de Senadora del Congreso de la Unión por la que hace del conocimiento del dictamen aprobado del 13 de febrero del 2014, de la Comisión para la igualdad de Género, en la cual se exhorta a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales existentes en la materia establezcan e implemente protocolos para las y los juzgadores a fin de incorporar la perspectiva de género en sus actividades, tomando en su caso como referencia el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.