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LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL PLENO SE BASARON EN GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: DÍAZ CARBAJAL

El precedente de esta determinación fue la sesión del 14 de mayo de 2014, donde con 9 votos a favor se reeligió por dos años la entonces magistrada presidenta Nadia Luz María Lara Chávez

La determinación de los nueve magistrados por llevar a cabo las sesiones ordinaria y extraordinaria de Pleno el pasado viernes, ante la inasistencia de nueve de sus compañeros, se basó en garantizar la protección de derechos humanos y de la Tutela Judicial Efectiva que pondera los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, aseguró el magistrado Manuel Díaz Carbajal.

El representante del Poder Judicial refirió que no es la primera vez que se toma una determinación de esta naturaleza, ya que existe un precedente en la sesión del 14 de mayo de 2014, donde la entonces magistrada presidenta, Nadia Luz María Lara Chávez habilitó a una magistrada supernumeraria (quien tenía voz en el Pleno, pero no voto), para lograr sumar 9 votos a su favor, lo que le permitió reelegirse por dos años más al frente de este órgano colegiado.

Aseguró que los impartidores de justicia coincidieron en que era impostergable la realización de estas sesiones y se acogieron al artículo 28 de la Ley Orgánica de Poder Judicial que a la letra dice: “Los acuerdos del Pleno serán tomados por mayoría de votos, salvo que la ley determine una mayoría especial. En caso de empate el del Presidente será decisivo”, ya que debían desahogarse temas jurisdiccionales y administrativos de suma trascendencia.

“Entre los temas más importantes que debemos mencionar fueron: resolver algunos reconocimientos de inocencia planteados por personas que ya fueron sentenciadas; conflictos de competencia que había entre el Tribunal Administrativo y otros órganos jurisdiccionales civiles. También se definió la creación de un juzgado especializado en materia mercantil oral y la redistritación en materia penal oral”, apuntó.

Díaz Carbajal dijo que incluso había una controversia planteada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), donde la constitución obliga al Poder Judicial a pronunciarse en un plazo de dos días hábiles y a resolverla en un plazo de cinco días, de no hacerlo hubiese existido una responsabilidad por omisión en contra de los magistrados.

 

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