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Cuatro graduados más del programa de justicia terapéutica en Cuautla.

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Cuatro graduados más del programa de justicia terapéutica en Cuautla.

 

La vida te ofrece siempre una segunda oportunidad y hoy es el momento de encaminarla en un rumbo distinto, dijo la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, a cuatro personas que se graduaron y cumplieron con las condiciones judiciales que interpuso el juez en el programa de justicia terapéutica.

 

Eusebio “N” fue uno de los participantes que se apegaron al programa y hoy puede contar otra historia.
La depresión tras la separación de su esposa, después de 22 años de matrimonio, orilló a Eusebio a refugiarse en el alcohol. El estar con las personas y en el momento equivocado provocó que fuera detenido por portar mariguana que sus amigos le dieron a guardar.

 

“Yo no consumía drogas, sin embargo, ellos salieron libres y yo no, me dio miedo ser detenido y más, perder mi trabajo, porque es el sostén de mi familia”, dijo Eusebio “N”.

 

Este viernes se graduaron cuatro participantes en el distrito jurisdiccional de Cuautla y otros 12 continúan en el programa de justicia terapéutica, informó la presidenta del TSJ.

 

Leticia Damián Avilés, Juez de control, juicio oral y ejecución, dijo que los candidatos a este programa son aquellos imputados que estén interesados en él y que el delito cometido no exceda la media de cinco años de prisión, tales como violencia familiar, portación o consumo de sustancias tóxicas.

 
“La justicia terapéutica no sólo ayuda a quien cometió un delito, sino a sus familias, e incluso a la sociedad, porque mejoran su calidad de vida y ya no son reincidentes, porque gracias a la coordinación interinstitucional, ellos tienen supervisión permanente de los elementos de seguridad pública, psicólogos, salud pública, fiscalía, empresarios y jueces, los escuchamos y apoyamos a redireccionar sus vidas, porque a veces comenten conductas delictivas para saciar su adicción”, explicó Damián Avilés.

 
La magistrada presidenta, indicó que los participantes, después de que se determinó la suspensión de su proceso, deben cumplir con las condiciones que dicta el juez, algunas de ellas son la visita periódica de seguridad pública, se les prohíbe salir del país, someterse a un tratamiento psicológico y otros. En caso de incumplimiento los interesados regresan a su proceso normal donde podrían purgar una pena de hasta cinco años de prisión.

 

 

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