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TSJ promueve nueva cultura laboral en beneficio de los justiciables

  • Para que cada integrante del TSJ hagan conciencia de sus actividades y de manera voluntaria, libre y razonada no participen o denuncien actos de corrupción.

Con el objetivo de crear una nueva cultura de trabajo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha capacitado a 800 operadores de impartición de justicia para prevenir actos de corrupción a través del curso denominado “Avanza sin Tranza”.

Durante tres meses, magistrados, jueces, secretarios de sala, de acuerdo, actuarios y oficiales se han capacitado en temas que tienen que ver con la ética, el liderazgo, la responsabilidad, la integridad y con la calidad, para elevar la cultura de servicio a través de las herramientas que fueron adquiridas por los servidores públicos del Poder Judicial, explicó Daniel Valles, capacitador y Director Nacional de Avanza Sin Tranza.

La iniciativa de capacitar a los impartidores de justicia fue promovida por la magistrada Presidenta María del Carmen Verónica Cuevas López y por magistrados del pleno para que cada integrante del TSJ hagan conciencia de sus actividades y de manera voluntaria, libre y razonada no participen o denuncien actos de corrupción dijo el capacitador.

Rubén Jasso Díaz, magistrado del Poder Judicial, informó que en la dinámica de transparencia y rendición de cuentas por indicación de la magistrada Presidenta María del Carmen Verónica Cuevas,  el Consejo de la Judicatura ha dado de baja a tres funcionarios por actuar en algún acto de corrupción, entre ellos, actuarios, oficiales judiciales y cuatro suspensiones de jueces; por no cumplir con su trabajo o hacer una mala administración de justicia.

Daniel Valles, explicó que la corrupción puede iniciar desde llevarse un clip, una pluma, comprar cosas pirata, llegar tarde, no decir la verdad, dar un mal servicio, ser parcial en algún caso, regalarle a los funcionarios una ensalada, no hacer su trabajo o recibir alguna dadiva, por ello la magistrada Presidenta busca mejorar la cultura laboral para dar un mejor servicio a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida.

“Cuando identificamos estas conductas que parecen normales como el retraso de expedientes o que los abogados den 20 pesos por elaborar un oficio, es un acto de corrupción, pero culturalmente se nos hace normal, cuando nos damos cuenta de esas actitudes transformamos nuestra manera de pensar y nuestra cultura para beneficio propio y de los ciudadanos a los que les prestamos algún servicio”, indicó Jasso Díaz.

 

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